jueves, 30 de abril de 2009

Una aclaración a La Nación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas


Destacamos en primer lugar, que la misma no se basa únicamente en el informe del investigador del Conicet, Dr. Andrés Carrasco, ya en poder de nuestro máximo Tribunal, sino en muchos otros desarrollados por investigadores de todo el país y, fundamentalmente, en preocupantes y reiterados hechos relacionados con la aplicación incontrolada e irracional de los agroquímicos glifosato y endosulfán, ocurridos en el interior de nuestro país, algunos ya judicializados favorablemente, y que tomamos conocimiento durante los doce meses que venimos estudiando y monitoreando la problemática.

Subrayamos que en la crisis en debate se configura, al menos, una incertidumbre científica, que dispara la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en nuestra legislación a través del artículo 4° de la ley 25.675, principal basamento de la acción. Ante la duda de efectuar un daño grave e irreversible deben adoptarse cautelarmente medidas eficaces que impidan la degradación del ambiente y la salud de la población.

No tenemos ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y de quien hemos señalado, en mas de una oportunidad, que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna.

Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos.

Nuestra acción de amparo sencillamente pretende una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país.

Por eso consideramos apropiado y necesario pedir, como lo hacemos en la acción, que la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09, se ponga en funcionamiento, y que en poco menos de seis meses se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas desarrolladas de esta manera.

Se puede ser un país agroexportador con una producción obtenida limpiamente, sin contaminantes, ni daños a las personas o a los ecosistemas. Eso es lo que pretendemos, el resto carece de discusión en nuestro ámbito, ya que excede el marco de lo técnico y desde allí rechazamos cualquier utilización política que pueda hacerse de nuestro accionar, de uno u otro lado.

Somos una organización independiente que defiende en todo el país a victimas de contaminación ambiental, somos guardianes del ambiente, defensores del artículo 41 de la Constitución Nacional. Nada mas pero nada menos.-

Mariano Aguilar
Director Ejecutivo
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

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