lunes, 31 de agosto de 2009

La Defensoría Nacional me responde- LA RECOMENDACION


Patricia Roccatagliata comparte:

Es una resolución del Defensor del Pueblo de la Nación en donde solicita a TBA que deje de usar herbicidas para el control de malezas en áreas urbanas.


Minería contaminante ¿sabes lo que es? por actores famosos

domingo, 30 de agosto de 2009

Partido Pirata de Rumania

Jorge Rulli en "El Tablero Digital"



Jorge Rulli en "El Tablero Digital", primera parte.




Jorge Rulli en "El Tablero Digital", segunda parte.



Si quieren descargar los videos:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=tDLtMK6f0f8

    Dirección de la primera parte del programa en youtube

  2. http://www.youtube.com/watch?v=JQttnQPPZ08

    Dirección de la segunda parte del programa en youtube



La presencia del software privativo en las escuelas debe estar prohibida, porque va en contra del espíritu de la educación.-Richard Stallman


De una entrevista de la Revista Ñ.


-Pero muchas de las compañías que usted critica, a través de donaciones y cursos de capacitación, ocupan a veces un lugar que el Estado, lamentablemente, deja vacante.

-Yo pienso que la escuela debe borrar Windows de las computadoras. La presencia del software privativo en las escuelas debe estar prohibida, porque va en contra del espíritu de la educación. El software privativo es conocimiento denegado, secreto. Y la escuela es un lugar para compartir conocimientos. Tiene la misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos. Como parte de una sociedad fuerte, capaz, independiente, solidaria y libre. Esto, en la informática, requiere enseñar software libre. De lo contrario se siembra dependencia.






Lean los comentarios, no es extraño entonces que la misma persona esté a favor de las corporaciones y quiera implantar un canon digital...



La entrevista con Richard Stallman:

Un hacker de la primera hora

Desde hace veinticinco años, el estadounidense Richard Stallman brega por un software libre como vía hacia una sociedad digital justa. De paso por Buenos Aires, en este diálogo el inventor del copyleft desarrolla algunas de sus ideas más polémicas. Además, un análisis de la dimensión política del fenómeno.

Por: Horacio Bilbao

Richard Stallman viaja por el mundo dando conferencias encendidas con el evangelio del Software libre bajo el brazo, coquetea con sus ambiciones actorales en un sketch en el que se disfraza de San IGNUcio, el santo del GNU (sistema operativo que Stallman creó y defiende), usando un viejo disco rígido a manera de aureola y huye de cualquier posibilidad de vigilancia. Virtual o real. Así, esquiva los hoteles para que los gobiernos no sepan dónde está, reniega del celular para que no puedan rastrearlo y sólo usa su computadora Lemote, una netbook china que a diferencia de la mayoría de las portátiles del mundo no permite que Windows haga pie en ella y sí su GNU, que en combinación con Linux, es el programa más conocido de software libre. Gratuito, amenaza la hegemonía de Windows de Microsoft.

"Llevo 25 años luchando para no ser incluido", dijo Stallman en la primera de las charlas que dio esta semana en Buenos Aires. El tema, justamente, era la inclusión digital, algo que para él y sus seguidores puede ser malo o bueno según cómo se haga. Su lucha irrenunciable contra el software "privativo" (aquél que reserva algunos o todos los derechos de uso, copia, modificación y distribución para el fabricante, impidiendo al usuario modificarlo, compartirlo o redistribuirlo), aspira a una sociedad digital justa, en la que los usuarios valoren cada vez más su libertad. Fundador de la Free Software Foundation (Sociedad de Software Libre), y creador del copyleft, un sistema de autoría distinto al copyright, Stallman promueve el uso y distribución de software sin licencias. A tal extremo lleva su visión ética de la informática, que antes de empezar la entrevista pregunta si el video va a publicarse en flash. "No es ético, el flash es un software privativo y Youtube hace muy mal en usarlo", dice. Con las garantías del caso, comienza este ping pong con Ñ.

-Usted empezó en tiempos del Mayo Francés, cuando el mundo de los programadores era más amateur, ¿hubiese sido más fácil arrancar entonces con su movimiento?

-Quizá pero había muy pocas computadoras, muy caras y casi nadie se interesaba. No imaginaba que la informática iba a tener tanta importancia en la vida cotidiana. Además, en el año 69 había mucho software libre. No había porqué lanzar un movimiento. Cuando una práctica no está amenazada no hace falta defenderla.

-¿Cuándo surgió la necesidad de dar esa batalla?

-En los 70 el software libre empezó a desaparecer a medida que entraba el software privativo. Yo llegué al laboratorio de inteligencia artificial del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) que tenía un sistema operativo libre, allí me emplearon para mejorar ese sistema, un trabajo que amaba. Pero al final de la década éramos casi los únicos que quedábamos usando software libre. Y cuando nuestra comunidad murió, en 1982, ya no tuve a dónde ir. Tuve que lanzar el movimiento de software libre, que hoy tiene millones de usuarios de nuestro sistema GNU con Linux.

-De esos millones de usuarios, muchos combinan el software libre con el "privativo". ¿Por qué se queja tanto?

-El problema es que hay muchas variantes del sistema GNU con Linux. Y la mayoría contiene algunos programas privativos. Sugerirle a alguien que use un programa privativo, es suponer su legitimidad ética. Por eso me quejo. Instalar una versión no totalmente libre, es un avance, pero legitima algo que no es ético.

-Esa es una manera de verlo, pero hay otras. Entre los que hacen ese mix, muchos plantean que es difícil mantener la calidad o ser profesional sin echar mano a distintos tipos de software pago. Es el caso del video, por ejemplo. ¿Qué les diría?

-Hay programas para hacer casi todo. Y también video. Pero eso no es lo importante. Si alguien que vive bajo un imperio, y tiene la posibilidad de alcanzar la libertad, pregunta por la pérdida de algunos lujos, hace una pregunta tonta, que revela que él no valora su libertad. Hay que hacer sacrificios prácticos por la libertad.

-Usted pone el foco en la educación, ¿por qué?

-La mayoría de las escuelas enseña a base de sistemas privativos. Eso sucede en la Argentina, que usa mucho el Windows, de Microsoft. Y la alfabetización digital con Windows hace daño. Sembrar dependencia y colonización va en contra de la misión de la escuela.

-Pero muchas de las compañías que usted critica, a través de donaciones y cursos de capacitación, ocupan a veces un lugar que el Estado, lamentablemente, deja vacante.

-Yo pienso que la escuela debe borrar Windows de las computadoras. La presencia del software privativo en las escuelas debe estar prohibida, porque va en contra del espíritu de la educación. El software privativo es conocimiento denegado, secreto. Y la escuela es un lugar para compartir conocimientos. Tiene la misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos. Como parte de una sociedad fuerte, capaz, independiente, solidaria y libre. Esto, en la informática, requiere enseñar software libre. De lo contrario se siembra dependencia.

-En otros países de América Latina –Venezuela, Ecuador...– ha logrado un vínculo más cercano con el gobierno...

-No diría que el vínculo es cercano. Pero en el caso de Ecuador, conversé con el presidente Rafael Correa, por entonces presidente electo. Y él entendió por qué todo esto es moralmente obligatorio, y decidió migrar el Estado a software libre. Usar software pago en cualquier esfera del Estado, es una delegación de la posibilidad de mantener su control de la informática. Si vos, usuario, perdés el control de tu informática, es una lástima. Si un Estado lo pierde, es una pérdida de la soberanía.

-En el mundo de la informática se fomenta una cultura del miedo a los virus, robos y actualizaciones de programas, ¿son razonables esos temores?

-Los usuarios deben tener miedo, pero de las empresas. Porque frecuentemente tienen funcionalidades malévolas. Las empresas dicen: para tu seguridad, necesitás esto. Pero sus programas no tienen ninguna seguridad contra el desarrollador. La mayoría de los programas pagos tienen puertas traseras. Funcionalidades malévolas: vigilar, atacar y restringir. No es racional confiar en estos programas. El desarrollador tiene el control. Y la informática permite una vigilancia totalitaria como nunca hubo.

-Las audiencias en Internet son cada vez más poderosas y sin embargo no migran al software libre en masa, ¿por qué?

-Aunque no me parece un contraste pertinente, creo que la causa es la inerc ia social. Microsoft, sobre todo, sabe jugar muy bien con esta inercia. ¿Por qué regala computadoras y da cursos? Escaparnos de esa inercia necesita un esfuerzo por valorar la libertad. Para que el público tenga más poder de cambiar el software, tendría que usar software libre, porque sólo así tendrían la opción de cambiar el programa. Sólo así tenés el código fuente y podés cambiarlo o pagarle a otro para cambiarlo, con software pago no.

-En relación con el control del que hablaba, está muy fresco el caso de la librería digital Amazon, que al descubrir que no tenía derechos para vender ese libro removió, gracias a un programa llamado Kindle, "1984" de George Orwell de las computadoras personales de los usuarios que ya lo habían comprado.

-Es un ejemplo más del software privativo. Es muy notable y reciente, pero tener funcionalidades malévolas es muy común. Cuando uno tiene poder sobre muchos siente la tentación de ejercerlo para explotar y abusar.

-¿Es optimista sobre la viabilidad de lo que propone?

Soy pesimista por naturaleza, pero no luchar es inútil, no es una opción.

Fuente Revista Ñ.

sábado, 29 de agosto de 2009

Cuánto paga de Patentes y Derechos de Autor en Brasil


Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil:

Brasil reclamó ayer 2.500 millones de dólares en sanciones contra Estados Unidos por el incumplimiento de una condena de la OMC sobre sus subsidios a los productores de algodón.

El 2 de junio de 2008, la OMC reconoció definitivamente los derechos de Brasil y autorizó compensaciones.



El tema es que Brasil le reclama a Estados Unidos el pago de 2500 millones de dólares que habría perdido por los subsidios al algodón, por no poder exportarle a Estados Unidos.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) le dió la razón a Brasil pero los Estados Unidos no pagan, entonces le permiten que tome medidas de represalia.

Lo que entendí es que le permite que le confisque dinero, hasta llegar a los 2500 millones, a Estados Unidos.

Brasil pensó dos formas de tomar una represalia por las pérdidas en las ventas de algodón:

  1. Elevar las tarifas para bienes de Estados Unidos. Pero el gobierno evalúa que esta seria una forma limitada de presionar al gobierno estadounidense en un sector que financió parte de la campaña de Barack Obama. Con exportaciones de más de US$ 800.000 por año, los estadounidenses no se sentirian presionados a cambiar sus prácticas por causa de una represalia que, como máximo, llegaria a US$ 2500 millones dentro de algunos años.

  2. La segunda opción, preferida por parte de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil), es intentar aplicar represalias en otros sectores, como patentes y servicios audiovisuales. La idea es que un producto importado con patente pueda ser producido localmente como represalia, suspendiendo el derecho de propriedad intelectual.
De un proyecto de ley sobre "represalias cruzadas" mas o menos es así:

Si Estados Unidos no quita los subsidios al algodón y , en conscuencia, Brasil no puede venderles algodón éste no pagará derechos de autor o patentes, básicamente patentes medicinales...

Según Mercosur Noticias, (es un archivo pdf).

"La “fórmula” que plantea el diputado petista, permite al gobierno suspender o diluir derechos en obras de autoría, derechos de artistas e intérpretes, y organismos de radiodifusión, marcas, indicaciones geográficas, patentes, diseños industriales. Las medidas posibles, explica, deberán escoger productos que tengan patentes próximas al fin del plazo para anticipar el fin de los derechos a esos bienes. “Al principio, pienso que las represalias debieran ser aplicadas en el mismo área. En el caso del algodón con EEUU, podría ser contra productos transgénicos”, ejemplifica Teixeira."

Ley “negociada” en América Latina y legislación autónoma

Actualmente, a pesar de la reticencia de la diplomacia brasilera, hay fuerte entusiasmo en el gobierno con la idea, que, bien realizada, la represalia traerá un inédito instrumento de presión para los países en desarrollo en la OMC. Los diplomáticos consideran que la amenaza de causar daños a los detentores de derechos de propiedad intelectual es un arma más eficaz para presionar al gobierno de EEUU a cumplir las normas de la OMC que los mecanismos tradicionales de represalia. En general, siguiendo criterios de la OMC, los países toman represalia con aumentos de tarifas de importación, que terminan por causar pequeño impacto en países de grandes economías, y perjudican al autor de las represalias, con aumentos en los costos de importación.

Las leyes de patentes, se sancionaron en algunos países periféricos durante la década de los noventa, bajo la presión de Estados Unidos de ejercer sanciones comerciales a aquellos estados que no procedieran con la sanción de la misma.

En el caso de Argentina, por ejemplo, la ley de Patentes (1995) se sancionó a partir de un pedido que el gobierno del entonces presidente Bill Clinton (Estados Unidos) demandó al gobierno de Carlos Menem (Argentina) para "la protección de los inventores de patentes" estadounidenses.
La ley argentina de patentes sancionada en 1995 se adecuó a los requerimientos del Acuerdo TRIPS (Agreement on Trade-Related Sspects of Intellectual Property Rights), tal como había sido negociado en la Ronda Uruguay. El debate parlamentario que se dio en aquel entonces para tratar la ley de patentes, generó mucha controversia, en particular en su paso por la Cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto impulsado por la administración de Menem se convirtió en un duelo entre los laboratorios medicinales nacionales y extranjeros por el contenido final de la norma.

En Brasil como en Argentina, tanto los laboratorios nacionales como los extranjeros aceptaron una ley de patentes medicinales, aunque con sus diferencias. La disputa entre estos dos grupos giró en torno a la cláusula de fabricación local, las licencias compulsivas y la posibilidad de un aumento de precios en los productos.

En este sentido, la posibilidad de que Brasil tome medidas de represalia contra Estados Unidos, es una expresión de crecimiento y de poder económico-productivo de este país que preocupa a la potencia del norte porque introduce nuevas variables a las reglas del juego comercial, al menos en lo que a que legislación de comercio refiere.






La duda que me aqueja al leer esta nota es:

¿en cuánto tiempo Brasil recuperará los 2500 millones de dólares?

¿Cuánto paga Brasil por año por patentes y servicios?

El 31 la OMC dirá de qué manera Brasil puede tomar represalias contra Estados Unidos...Veremos cómo sería y en cuánto tiempo se llegaría a la cantidad de 2500 millones de dólares, que es un dinero.

Fuentes:

O Estado de São Paulo.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Fuente Mercosur Noticias, es un archivo pdf.

How to stop the drug wars-Artículo de The Economist sobre la "guerra de las drogas"


En la nota de Alfredo Zaiat sobre la economía de la droga comenta un artículo de The Economist a favor de la despenalización del consumo de drogas.

En síntesis lo que dice Alfredo Zaiat dice:

"El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: “La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala”. Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que “la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados”. Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones."

Así que buscamos la nota de The Economist y la encontramos y dice:



Anahí nos avisa que en este blog hay una traducción del artículo de The Economist:

Estados fallidos y políticas fallidas

Cómo detener las guerras de las drogas

The Economist
Marzo 5 de 2009

La prohibición ha fallado; la legalización es la solución menos mala

Hace cien años un grupo de diplomáticos extranjeros se reunió en Shangai para iniciar el primer esfuerzo internacional de prohibición del comercio de una droga narcótica. El 26 de febrero de 1909 acordaron instalar la Comisión Internacional de Opio – justo unas décadas después de haber librado Gran Bretaña una guerra contra China para imponer su derecho a comerciar la sustancia. Luego vinieron muchas otras prohibiciones de sustancias que alteran el ánimo. En 1998 la Asamblea General de la ONU comprometió a sus países miembros a alcanzar un “mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir significativamente” la producción de opio, cocaína y canabis para el 2008.

Ese es el tipo de promesa que le encanta hacer a los políticos. Alivia el sentido de pánico moral que ha sido la dama de compañía de la prohibición por un siglo. Su intención es tranquilizar a los padres de adolescentes alrededor del mundo. Pero es una promesa inmensamente irresponsable, porque no puede ser cumplida.

La semana entrante, ministros de todo el mundo van a reunirse en Viena para definir la política internacional de drogas para la próxima década. Como generales de la Primera Guerra, muchos dirán que todo lo que se necesita es más de lo mismo. De hecho, la guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado estados fallidos en el mundo en vías de desarrollo mientras que la adicción florece en el mundo rico. Por cualquier medida razonable, esta lucha de 100 años ha sido iliberal, asesina y sin sentido. Por eso es que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas.

“Menos mala” no significa buena. La legalización, aunque claramente mejor para los países productores, traería riesgos (diferentes) para los países consumidores. Como delineamos abajo, muchos consumidores vulnerables de drogas sufrirían. Pero desde nuestro punto de vista, más sería lo que ganarían.

La evidencia del fracaso

Hoy en día la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen no habla más de un mundo libre de drogas. Su alarde es que el mercado de las drogas se ha “estabilizado”, significando con ello que más de 200 millones de personas, o casi el 5% de la población mundial adulta, todavía consume drogas ilegales – aproximadamente la misma proporción que hace una década. (Como la mayor parte de los "hechos" sobre las drogas, éste es sólo una conjetura educada: el rigor de la evidencia es otra de las víctimas de la ilegalidad.) La producción actual de cocaína y opio es probablemente igual que la de hace una década; la de canabis es mayor. El consumo de cocaína ha declinado gradualmente en los Estados Unidos desde su pico a comienzos de los años ochenta, pero el camino es desigual (permanece mayor que a mediados de los noventa), y crece en mucho lugares, incluyendo Europa.

Esto no es por falta de esfuerzo. Estados Unidos por sí solo gasta alrededor de $ 40 mil millones de dólares cada año tratando de eliminar la oferta de drogas. Arresta a 1.5 millones de sus ciudadanos cada año por delitos relacionados con drogas, y encierra a medio millón de ellos; la existencia de leyes más estrictas contra las drogas es la razón por la cual uno de cada cinco estadounidenses pasa algún tiempo tras las rejas. Y en el mundo en vías de desarrollo se derrama sangre a una velocidad sorprendente. En México más de 800 policías y soldados han sido asesinados desde diciembre de 2006 (y el número de víctimas ya va por los 6000). Esta semana otro líder más de un país azotado por el problema de las drogas – Guinea Bissau – fue asesinado.

Pero la prohibición, en sí misma, vicia los esfuerzos de los guerreros de las drogas. El precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción. Tómese la cocaína: el precio aumenta más de 100 veces entre el cultivo de coca y el consumidor. Aun si verter herbicida sobre los cultivos de los campesinos cuadriplica el precio local de las hojas de coca, esto tiende a tener poco impacto sobre el precio en la calle, el cual se establece principalmente de acuerdo al riesgo de transportar la cocaína a Europa o los Estados Unidos.

Hoy en día, los guerreros de las drogas dicen capturar cerca de la mitad de toda la cocaína que es producida. El precio en las calles de Estados Unidos sí parece haber subido, y la pureza parece haber bajado, durante el último año. Pero no es claro que la demanda baje cuando los precios suben. De otra parte, hay abundante evidencia de que el negocio de las drogas se adapta rápidamente a perturbaciones en el mercado. A lo sumo, la represión efectiva sólo obliga a que el negocio transite hacia otros sitios de producción. Así, el opio se ha movido de Turquía y Tailandia hacia Myanmar y el sur de Afganistán, donde actúa en detrimento de los esfuerzos de Occidente por derrotar a los Talibanes.

Al Capone, pero a escala global

Ciertamente, lejos de reducir el crimen, la prohibición ha fomentado mafias a una escala que el mundo jamás había presenciado. De acuerdo con el, quizás inflado, estimativo de la ONU, la industria ilegal de las drogas vale unos $ 320 mil millones de dólares al año. En Occidente, hace que personas que de otra manera serían ciudadanos respetuosos de la ley, se conviertan en criminales (el actual presidente de los Estados Unidos pudo fácilmente haber terminado en prisión por sus experimentos juveniles con “perico”). También hace que las drogas sean más peligrosas: los adictos compran cocaína y heroína muy adulteradas; muchos usan agujas sucias para inyectarse, propagando VIH; los desgraciados que sucumben al “crack” o a la “meta” están fuera de la ley, y cuentan sólo con sus jíbaros para ser “tratados”. Pero son los países del mundo emergente que pagan la mayor parte del precio. Hasta una democracia relativamente desarrollada como México se encuentra ahora en una lucha a muerte contra las mafias. Oficiales estadounidenses, incluyendo a un ex zar de las drogas, han hecho pública su preocupación por tener a un “narco estado” como vecino.

El fracaso de la guerra contra las drogas ha llevado a que algunos de sus más valientes generales, especialmente en Europa y Latinoamérica, estén sugiriendo que el actual eje de la política, consistente en encerrar personas, tome un giro hacia un enfoque de salud pública y “reducción del daño” (como alentar a los adictos a que usen agujas limpias). Este enfoque haría más énfasis en educación pública y tratamiento de los adictos, y menos en el acoso a campesinos que cultivan coca y en el castigo a consumidores de drogas “blandas” para uso personal. Eso sería un paso en la dirección correcta. Pero es improbable que logre ser financiado adecuadamente, y no hace nada contra el crimen organizado.

La legalización no sólo desplazaría a las mafias; también haría que las drogas pasaran de ser un problema de ley y orden a ser un problema de salud pública, que es como deberían ser tratadas. Los gobiernos podrían cobrar impuestos y regular el comercio de drogas, y usar los recursos recaudados (y los miles de millones ahorrados en uso de fuerza pública) para educar al público sobre los riesgos de consumir drogas y para tratar la adicción. La venta de drogas a menores debería seguir siendo prohibida. Diferentes drogas tendrían distintos niveles de carga impositiva y regulación. El sistema sería ajustable e imperfecto, requeriría monitoreo constante y tendría disyuntivas ("trade-offs") muy difíciles de medir. Los precios post-impuestos deberían ser establecidos a un nivel que permitiera lograr un balance entre el desaliento del uso de drogas por un lado, y, por otro lado, el desánimo del mercado negro y de los actos desesperados de robo y prostitución a los cuales los adictos tienen que recurrir para alimentar sus hábitos.

Venderle este sistema imperfecto a las personas en los países productores, donde el crimen organizado es el tema político central, es relativamente sencillo. La parte dura está en los países consumidores, donde la mayor batalla política es la adicción. Muchos padres de familia estadounidenses pueden llegar a aceptar que la legalización sería una respuesta adecuada para la gente de Latinoamérica, Asia y África; pueden incluso llegar a ver su utilidad en la lucha contra el terrorismo. Pero su miedo inmediato serían sus propios hijos.

Ese miedo está basado en buena medida en la presunción de que bajo un régimen de legalidad más personas usarían drogas. Esa presunción puede estar equivocada. No hay correlación entre la severidad de las leyes sobre drogas y la incidencia del consumo; ciudadanos que viven en regímenes severos (notablemente en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña) consumen más drogas, no menos. Los guerreros de las drogas, avergonzados, explican esto aludiendo a presuntas diferencias culturales, pero incluso en países muy similares la severidad de las reglas hace poca diferencia sobre el número de adictos: la dura Suecia y la más liberal Noruega tienen precisamente los mismos niveles de adicción. La legalización puede reducir tanto la oferta (el empujador [vendedor de drogas] por definición empuja) como la demanda (parte de la emoción del peligro desaparecería). Nadie lo sabe con certeza. Cualquier proponente honesto de la legalización haría bien en asumir que el consumo de drogas agregado se incrementaría.

Hay dos razones principales para argumentar que la prohibición debería, aun así, ser eliminada. La primera es un principio de liberalidad. Aunque algunas drogas ilegales son extremadamente peligrosas para algunas personas, la mayor parte de ellas no son especialmente dañinas. (El tabaco es más adictivo que virtualmente todas ellas.) La mayor parte de los consumidores de drogas ilegales, incluyendo cocaína e incluso heroína, sólo las usan ocasionalmente. Lo hacen porque derivan disfrute de ellas (como del whisky o de un Marlboro Light). No es trabajo del estado detenerlos.

¿Y qué de la adicción? El tema queda parcialmente cubierto por el primer argumento, puesto que el daño en cuestión recae sobre el usuario. Pero la adicción también puede infligir miseria sobre las familias y especialmente los hijos de cualquier adicto, e involucra costos sociales más amplios. Por eso es que desincentivar y tratar la adicción debería ser la prioridad de la política de drogas. De ahí el segundo argumento: la legalización ofrece la oportunidad de hacer frente a la adicción adecuadamente.

Proveyendo información honesta sobre los riesgos a la salud de distintas drogas, y estableciendo precios acordes, los gobiernos podrían orientar a los consumidores hacia las menos dañinas. La prohibición no ha logrado prevenir la proliferación de drogas diseñadas, soñadas en laboratorios. La legalización podría animar a que compañías legítimas de drogas mejoraran los productos que la gente consume. Los recursos recaudados a través de impuestos y ahorrados en represión permitirían a los gobiernos garantizar tratamientos a los adictos – una manera de hacer que tal legislación sea más aceptable políticamente. El éxito de los países desarrollados en hacer que la gente deje de consumir tabaco, el cual es similarmente sujeto a impuestos y regulación, provee una base de esperanza.

¿Una apuesta calculada, u otro siglo de fracaso?

Este periódico por primera vez argumentó a favor de la legalización hace 20 años (ver artículo). Revisando la evidencia de nuevo (ver artículo), la prohibición se ve aun más dañina, especialmente para los pobres y débiles del mundo. La legalización no desplazaría a las mafias completamente fuera de los negocios de las drogas; así como con el alcohol y los cigarrillos, habría impuestos que evadir y reglas que subvertir. Y tampoco sería una cura automática para estados fallidos como Afganistán. Nuestra solución no es pulcra; pero un siglo de fracaso manifiesto argumenta a favor de intentarla.




Failed states and failed policies

How to stop the drug wars


Prohibition has failed; legalisation is the least bad solution


A HUNDRED years ago a group of foreign diplomats gathered in Shanghai for the first-ever international effort to ban trade in a narcotic drug. On February 26th 1909 they agreed to set up the International Opium Commission—just a few decades after Britain had fought a war with China to assert its right to peddle the stuff. Many other bans of mood-altering drugs have followed. In 1998 the UN General Assembly committed member countries to achieving a “drug-free world” and to “eliminating or significantly reducing” the production of opium, cocaine and cannabis by 2008.

That is the kind of promise politicians love to make. It assuages the sense of moral panic that has been the handmaiden of prohibition for a century. It is intended to reassure the parents of teenagers across the world. Yet it is a hugely irresponsible promise, because it cannot be fulfilled.

Next week ministers from around the world gather in Vienna to set international drug policy for the next decade. Like first-world-war generals, many will claim that all that is needed is more of the same. In fact the war on drugs has been a disaster, creating failed states in the developing world even as addiction has flourished in the rich world. By any sensible measure, this 100-year struggle has been illiberal, murderous and pointless. That is why The Economist continues to believe that the least bad policy is to legalise drugs.

“Least bad” does not mean good. Legalisation, though clearly better for producer countries, would bring (different) risks to consumer countries. As we outline below, many vulnerable drug-takers would suffer. But in our view, more would gain.

The evidence of failure

Nowadays the UN Office on Drugs and Crime no longer talks about a drug-free world. Its boast is that the drug market has “stabilised”, meaning that more than 200m people, or almost 5% of the world’s adult population, still take illegal drugs—roughly the same proportion as a decade ago. (Like most purported drug facts, this one is just an educated guess: evidential rigour is another casualty of illegality.) The production of cocaine and opium is probably about the same as it was a decade ago; that of cannabis is higher. Consumption of cocaine has declined gradually in the United States from its peak in the early 1980s, but the path is uneven (it remains higher than in the mid-1990s), and it is rising in many places, including Europe.

This is not for want of effort. The United States alone spends some $40 billion each year on trying to eliminate the supply of drugs. It arrests 1.5m of its citizens each year for drug offences, locking up half a million of them; tougher drug laws are the main reason why one in five black American men spend some time behind bars. In the developing world blood is being shed at an astonishing rate. In Mexico more than 800 policemen and soldiers have been killed since December 2006 (and the annual overall death toll is running at over 6,000). This week yet another leader of a troubled drug-ridden country—Guinea Bissau—was assassinated.

Yet prohibition itself vitiates the efforts of the drug warriors. The price of an illegal substance is determined more by the cost of distribution than of production. Take cocaine: the mark-up between coca field and consumer is more than a hundredfold. Even if dumping weedkiller on the crops of peasant farmers quadruples the local price of coca leaves, this tends to have little impact on the street price, which is set mainly by the risk of getting cocaine into Europe or the United States.

Nowadays the drug warriors claim to seize close to half of all the cocaine that is produced. The street price in the United States does seem to have risen, and the purity seems to have fallen, over the past year. But it is not clear that drug demand drops when prices rise. On the other hand, there is plenty of evidence that the drug business quickly adapts to market disruption. At best, effective repression merely forces it to shift production sites. Thus opium has moved from Turkey and Thailand to Myanmar and southern Afghanistan, where it undermines the West’s efforts to defeat the Taliban.

Al Capone, but on a global scale

Indeed, far from reducing crime, prohibition has fostered gangsterism on a scale that the world has never seen before. According to the UN’s perhaps inflated estimate, the illegal drug industry is worth some $320 billion a year. In the West it makes criminals of otherwise law-abiding citizens (the current American president could easily have ended up in prison for his youthful experiments with “blow”). It also makes drugs more dangerous: addicts buy heavily adulterated cocaine and heroin; many use dirty needles to inject themselves, spreading HIV; the wretches who succumb to “crack” or “meth” are outside the law, with only their pushers to “treat” them. But it is countries in the emerging world that pay most of the price. Even a relatively developed democracy such as Mexico now finds itself in a life-or-death struggle against gangsters. American officials, including a former drug tsar, have publicly worried about having a “narco state” as their neighbour.

The failure of the drug war has led a few of its braver generals, especially from Europe and Latin America, to suggest shifting the focus from locking up people to public health and “harm reduction” (such as encouraging addicts to use clean needles). This approach would put more emphasis on public education and the treatment of addicts, and less on the harassment of peasants who grow coca and the punishment of consumers of “soft” drugs for personal use. That would be a step in the right direction. But it is unlikely to be adequately funded, and it does nothing to take organised crime out of the picture.

Legalisation would not only drive away the gangsters; it would transform drugs from a law-and-order problem into a public-health problem, which is how they ought to be treated. Governments would tax and regulate the drug trade, and use the funds raised (and the billions saved on law-enforcement) to educate the public about the risks of drug-taking and to treat addiction. The sale of drugs to minors should remain banned. Different drugs would command different levels of taxation and regulation. This system would be fiddly and imperfect, requiring constant monitoring and hard-to-measure trade-offs. Post-tax prices should be set at a level that would strike a balance between damping down use on the one hand, and discouraging a black market and the desperate acts of theft and prostitution to which addicts now resort to feed their habits.

Selling even this flawed system to people in producer countries, where organised crime is the central political issue, is fairly easy. The tough part comes in the consumer countries, where addiction is the main political battle. Plenty of American parents might accept that legalisation would be the right answer for the people of Latin America, Asia and Africa; they might even see its usefulness in the fight against terrorism. But their immediate fear would be for their own children.

That fear is based in large part on the presumption that more people would take drugs under a legal regime. That presumption may be wrong. There is no correlation between the harshness of drug laws and the incidence of drug-taking: citizens living under tough regimes (notably America but also Britain) take more drugs, not fewer. Embarrassed drug warriors blame this on alleged cultural differences, but even in fairly similar countries tough rules make little difference to the number of addicts: harsh Sweden and more liberal Norway have precisely the same addiction rates. Legalisation might reduce both supply (pushers by definition push) and demand (part of that dangerous thrill would go). Nobody knows for certain. But it is hard to argue that sales of any product that is made cheaper, safer and more widely available would fall. Any honest proponent of legalisation would be wise to assume that drug-taking as a whole would rise.

There are two main reasons for arguing that prohibition should be scrapped all the same. The first is one of liberal principle. Although some illegal drugs are extremely dangerous to some people, most are not especially harmful. (Tobacco is more addictive than virtually all of them.) Most consumers of illegal drugs, including cocaine and even heroin, take them only occasionally. They do so because they derive enjoyment from them (as they do from whisky or a Marlboro Light). It is not the state’s job to stop them from doing so.

What about addiction? That is partly covered by this first argument, as the harm involved is primarily visited upon the user. But addiction can also inflict misery on the families and especially the children of any addict, and involves wider social costs. That is why discouraging and treating addiction should be the priority for drug policy. Hence the second argument: legalisation offers the opportunity to deal with addiction properly.

By providing honest information about the health risks of different drugs, and pricing them accordingly, governments could steer consumers towards the least harmful ones. Prohibition has failed to prevent the proliferation of designer drugs, dreamed up in laboratories. Legalisation might encourage legitimate drug companies to try to improve the stuff that people take. The resources gained from tax and saved on repression would allow governments to guarantee treatment to addicts—a way of making legalisation more politically palatable. The success of developed countries in stopping people smoking tobacco, which is similarly subject to tax and regulation, provides grounds for hope.

A calculated gamble, or another century of failure?

This newspaper first argued for legalisation 20 years ago (see article). Reviewing the evidence again (see article), prohibition seems even more harmful, especially for the poor and weak of the world. Legalisation would not drive gangsters completely out of drugs; as with alcohol and cigarettes, there would be taxes to avoid and rules to subvert. Nor would it automatically cure failed states like Afghanistan. Our solution is a messy one; but a century of manifest failure argues for trying it.




Sería interesante saber si está la traducción al español de la nota.

Si alguien la encuentra o quieren traducirla envíenla a:

ppirataargentino#gmail.com
Reemplacen # por @


Sobre la economía de la droga...Nota de Página y de The Economist

Fuente Página 12.

En los comentarios de los enlaces de la película Grass dejaron:


"q haora el consumo va formar parte de un negosi sicio rentable estan locos todos

Y justo leo el siguiente artículo de Alfredo Zaiat sobre el tema:

La economía de la droga

Por Alfredo Zaiat

La producción de la materia prima, elaboración y comercialización de estupefacientes prohibidos por ley es una actividad económica. El análisis de ese mercado, a diferencia de otros muchos, está dominado por conceptos generales acerca de la moral y cuestiones vinculadas con la salud. Estos dos aspectos son tan potentes en el debate cotidiano que queda postergado el entendimiento sobre el modo de desarrollo de ese sector de la economía. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal, sino de saber cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora que la que ofrece el discurso conservador. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de conocer las características de la economía de la droga. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal brinda la oportunidad de acercarse con un poco menos de prejuicios a una actividad económica que ha mostrado un creciente dinamismo en las últimas décadas.

Por esas paradojas de la corriente conservadora, destacados representantes del liberalismo han ofrecido los argumentos económicos más contundentes sobre los beneficios de la legalización del negocio vinculado con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Su referente moderno, Milton Friedman, ha sido uno de los principales economistas que enfrentó las pasiones del pensamiento dominante represivo. En una entrevista que le realizaron en 1991 en el Foro Americano sobre Drogas, un programa de debate nacional sobre asuntos públicos, afirmó que “si se observa la guerra contra las drogas (se refiere al gobierno de Estados Unidos) desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cartel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente”. El periodista le preguntó: “¿Lo hace bien?”. El Premio Nobel de Economía contestó: “Excelentemente. ¿Qué quiero decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cartel de Medellín, que tienen suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el Gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo”. Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que “ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol”.

En enero de 1920 la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) no prohibió el consumo, pero sí la fabricación, transporte y venta de bebidas que superaran los 0,5 grados de graduación alcohólica. “Se trataba de poner en marcha lo que se denominó el ‘noble experimento’ con el fin de planificar una sociedad conforme a los criterios morales de la clase dominante de aquellos años”, explica Francisco Moreno en un artículo publicado en liberalismo.org. Se tuvo que impulsar un enmienda (la Nº 18) de la Constitución de EE.UU. para instrumentar esa norma. Para cumplir con esa ley se creó una agencia ejecutiva específica llamada Bureau of Prohibition, dependiente del Departamento del Tesoro. Sus agentes federales eran conocidos con el nombre de prohi’s; con el tiempo pasaron a ser controlados por el Departamento de Justicia. Moreno detalla que “esa prohibición tuvo efectos perversos en el interior del país: se encareció el precio de la bebida, cientos de miles de personas comenzaron a fabricar artesanalmente bebidas alcohólicas, se fomentó el mercado negro, muchas veces con bebidas sustitutivas adulteradas o altamente tóxicas. Se incrementó el consumo de licores destilados en detrimento de cervezas o vinos, así como la demanda de otras drogas anteriormente poco consumidas. Se extendió la delincuencia y fue el comienzo de la puesta en pie de un colosal imperio criminal de bandas organizadas como nunca antes se había visto en la historia de los EE.UU.”. Ese desarrollo económico tuvo su origen en el excedente adicional generado por la fijación de un precio por encima del equilibrio de un bien demandado, similar a una renta “monopólica” en este caso alimentada por el plusvalor originado en el riesgo de violar la prohibición.

En la mencionada entrevista a Friedman le comentan que “hay quienes dicen que cuando desapareció la prohibición, el consumo se incrementó enormemente y que eso sería...”. Friedman interrumpe y dice que “eso sencillamente no es verdad. Las cosas no fueron así. Existen cifras estadísticas en publicaciones acerca de la cantidad de alcohol consumida. Esas cifras suben abruptamente inmediatamente después de la época de la prohibición, pero se refieren al consumo ‘ilegal’ de alcohol. Si tomamos, como he hecho, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos adonde estaba y durante el período posterior si se ha movido ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos”. Según un estudio de la Universidad de Columbia, en vísperas de la Volstead Act (1919) el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en los EE.UU. era de 6 litros al año. En 1921 bajó a medio litro aproximadamente, pero a lo largo de los años siguientes esa media fue progresivamente aumentando hasta alcanzar los 5 litros a inicios de los años ’30. Esto es casi a los mismos niveles previos a la prohibición.

La administración Nixon declaró una guerra sin cuartel contra las nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió toda una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la ley seca. Se creó un estado generalizado de persecución contra dichas sustancias que influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra su comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas. La unanimidad de los gobernantes de aquellos tiempos en la prohibición de los estupefacientes fue abrumadora (no importando la ideología política o religiosa) y subsiste hasta hoy.

El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: “La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala”. Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que “la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados”. Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones.

azaiat@pagina12.com.ar

Fuente Página 12.

viernes, 28 de agosto de 2009

Video sobre el Partido Pirata Sueco en inglés sin subtítulos-XL Report, The Pirate Way

Cosas raras con Google y Honduras...

Fuente Grupo A-Z.

Pasan cosas extrañas a veces con Google.
Hoy entre a la página de noticias internacionales y me encontré con dos datos que me llamaron la atención. Cuando traté de saber que pasaba hoy con el tema del golpe de estado en Honduras, veo que en el pie de la noticia de referencia aparecen más de 1.000 noticias relacionadas, como suele ocurrir con la mayoría de los temas, pero cuando entré a ese link, las 1.000 noticias relacionadas se redujeron TAN SÓLO A 10 (DIEZ) y no había al pie de la página la flechita habitual para seguir buscando.
Mal pensado (como siempre) me fijé en la noticia anterior, referida a la muerte de Kennedy, y también tenía más de 1.000 noticias relacionadas, entré en la página para ver si ocurría lo mismo que con el tema de Honduras, y ahí no, ahí estaban las 100 por página que por defecto se cargan y al pie estaba la flechita para seguir buscando.
Volví otra vez al tema de Honduras, y esta vez, no sólo no aparecían las 1.000, sino que tampoco aparecían las 10 (diez), NO APARECÍA NADA.

Me tomé el trabajo de hacer estas capturas.
Finalmente, mucho más tarde, aparecieron de nuevo las noticias.


  1. Primera captura de pantalla.


  2. Segunda Captura de pantalla.


  3. Tercera Captura de Pantalla.

  4. Cuarta Captura de Pantalla.



Ante la pregunta....

jueves, 27 de agosto de 2009

Seguro que a muchos de nuestros legisladores no les importa, Ojalá lo piensen cuando sancionen leyes penales..

Nuestros diputados y senadores seguramente no leerán esta nota, a ellos poco les importa lo que pase con las personas a las que meterán presas, a las que las arrojarán a las fieras de las fuerzas de seguridad al endurecer leyes o crear nuevas figuras penales.

Seguramente a nuestros legisladores no les importan las vidas destruídas que generarán al endurecer leyes que castigarán , en su gran mayoría, a los pequeños, nunca a los grandes delincuentes. Imagínense todo el calvario que nos cuenta la nota ahora con personas que ofrecieron un archivo con copyright como es el caso del proceso penal contra Horacio Potel.

Téngamoslo en cuenta al votar...¿Qué hacen nuestros diputados, los que se llenarán la boca hablando de libertad y democracia?

Si llegara a ser legislador algún día me daría pánico meter a alguien en ese sistema espantoso llamado Sistema Penal Argentino.


Es muy difícil quedarse sin una sensación de bronca e indignación al leer la siguiente nota:



Fuente Página 12.

Y todo por llevar un porrito en el bolsillo

El fallo de la Corte alertó que no se debe seguir penalizando a los consumidores. Aquí, casos de usuarios presos por unos pocos gramos cuya vida terminó en calvario. El más dramático, el del joven llevado a una comisaría en la que resultó violado.

Por Emilio Ruchansky

Se han cometido y se siguen cometiendo crímenes en nombre de la ley de drogas. Crímenes que tienen como culpable a la policía, aunque no siempre se denuncian, y que comienzan con una requisa ilegal, con una prueba plantada o porque alguien es encontrado con un porro en la calle. Son, en su mayoría, casos en los que se aplica la figura que pena la “tenencia de estupefacientes para consumo personal”, un castigo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación el martes pasado. Como señaló una investigación de la asociación Intercambios y la Universidad de Buenos Aires, el 70 por ciento de los causas de drogas en los últimos veinte años fueron contra consumidores, en su mayoría jóvenes, que llevaban menos de cinco gramos de marihuana o cocaína. Son las víctimas de una norma que por primera vez desde su sanción tiene buenas chances de ser modificada.

Ayer, luego de que se conociera el fallo de la Corte sobre el tema, se divulgó uno de estos crímenes que tiene como protagonista a David, un joven universitario que reclama una indemnización millonaria al Estado por “el delincuente que contrató para cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos”, tal como define al policía bonaerense implicado el abogado del joven, José Vega. David fue detenido por un patrullero mientras manejaba y luego de requisarlo ilegalmente le secuestraron un porro. El hecho ocurrió en San Isidro hace cinco años, él tenía 18, y no se lo llevaron preso. Le dijeron que tenía una causa por tenencia, que lo iban a citar.

“Esa citación nunca llegó”, dijo su abogado. “Tres años después, en un operativo de control, piden sus antecedentes y aparece un pedido de captura por rebeldía del Juzgado Federal de San Martín 1 por no haberse presentado. El pensó que se había acabado esa causa”, detalló Vega. Fue el principio del calvario. Ese día, el 3 de febrero de 2007, David fue llevado a la comisaría tercera de Boulogne, partido de San Isidro, y lo dejaron incomunicado en los calabozos.

Según relató David, no bien llegó de la revisión médica de rutina durante la madrugada del día siguiente, un agente le ordenó aguardar en un baño separado de las celdas por una reja. El joven vestía solo ropa interior, pero el lugar estaba aislado de los demás detenidos, a excepción de “El Cabezón”, cuya celda no tenía candado. Era uno de los beneficios de los que gozaba dentro de la comisaría a la que había llegado procesado, luego de pasar por varias unidades penitencias.

El Cabezón le pidió al guardia que fuera a traer hielo y se acercó al David con un palo de escoba con una “faca” en la punta. “¿Así que sos antichorro? Yo soy chorro y vos vas a ser gato mío. Vení, puto, dame las zapatillas, dame las cosas”, dijo Juárez metiendo la faca a través de la reja. Luego lo obligó a darse vuelta y le decía “qué linda cola tenés”, mientras lo manoseaba. Al otro día lo violó, a la vista de uno de los guardias, que supuestamente dormía.

El relato y los diálogos surgen de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro que condenó al “Cabezón” Juárez a 23 años de prisión “por abuso sexual agravado por acceso carnal y por uso de arma, en concurso con el robo de la ropa”. En el fallo se ordena una nueva investigación contra el guardia que no lo custodió. David no fue la única víctima de violación en la cárcel a partir de una causa por tenencia de drogas. Hubo otros casos, como el de una joven pareja detenida cerca de la cancha de San Lorenzo en el 2000.

Según surge del expediente, dos policías les plantaron cocaína, golpearon salvajemente al hombre y más tarde, en la Comisaría 32ª de Parque Patricios, la mujer fue violada por un oficial en su celda. El uniformado la amenazó diciendo que si hablaba iba a poner un kilo de cocaína en el auto y no volvería a ver ni a su hija ni a su marido. El hecho fue constatado por varias pericias médicas, pero la pareja denunció la golpiza y no la violación, que no pudo ser investigada por tratarse de un delito de instancia privada (es decir, sólo puede hacérselo si la víctima está de acuerdo).

En ambos casos, las víctimas estuvieron poco tiempo encerradas, lo suficiente como para sufrir los abusos mencionados antes de que un juez los liberara, como suele pasar en la mayoría de las causas por tenencia de drogas para consumo. Sin embargo, no todos los jueces actúan de este modo. Es lo que les pasó a Fernando Oscar Rodríguez y a su hijo Fernando Emanuel que salieron en libertad el 27 de mayo del año pasado luego de estar 115 días presos en una alcaidía salteña. Ambos fueron detenidos luego de un allanamiento a la casa paterna. Aunque era evidente que las plantas de cannabis sativa y la piedra de porro prensado que portaba el hijo eran para consumo personal, fueron acusados de traficar marihuana “para fumar, comer y beber”.

El operativo estuvo a cargo de la División Operaciones de Drogas Peligrosas de Salta capital y según el acta se secuestraron tres plantas, tres plantines, dos recipientes con las flores de cannabis y un frasco en el que la marihuana “estaba siendo sometida a una etapa de maceramiento con licor o alcohol”, supuestamente, “para potenciar la droga y beberla”. Fernando tenía además 29 gramos de prensado que pensaba llevar a un viaje por el Iruyá. El padre, un ingeniero y profesor de Física devenido en reparador de electrodomésticos, había permitido que su hijo cultivara para que no les comprara los narcos.

La denuncia fue anónima y la inteligencia policial consistió en sacar fotos del jardín desde la casa de un vecino. Con las imágenes de esas seis plantas consiguieron la orden de allanamiento. El juez denegó la excarcelación porque estaban acusados de tráfico y recién con el cambio de carátula a “tenencia para consumo personal” lograron abandonar la alcaidía, donde conocieron el desamparo de mulas y paqueros. Ambos siguen procesados.

Durante el encierro, Fernando Emanuel Rodríguez, de 23 años, hizo difundir una carta titulada “Desde un pequeño infierno al que temporariamente llamo ‘casa’”. Allí precisaba: “La injusticia que hoy me agarra las pelotas podría haberle pasado a cualquiera. Acá la realidad que se vive, aparte del problema social que recae en ello, es que están volteando a todos los de abajo que tengan o no algo que ver, pero te incriminan igual”.

Esto último puede ser comprobado fácilmente. Página/12 se contactó con una abogada que trabaja en una asociación que defiende a gente en situación de calle. Antes de hablar, la mujer pidió reserva de su identidad así como la de su asociación. “Sacamos muchos chicos pobres de las comisarías, si se publican mis datos puede que se complique la próxima vez que vaya a una comisaría”, explicó. Entre la decena de casos de chicos y chicas demoradas y torturadas por poseer drogas, la abogada recordó el un joven bonaerense de 14 años, que mendigaba en la estación Constitución y tenía su familia en Gerli, partido de Avellaneda.

“Venía de un hogar muy vulnerable, tenía siete hermanos y el papá los había abandonado. Dormía en la calle y a veces volvía a su casa. Lo agarraron una noche, en el 2004. Estaba fumando porro con otros chicos en situación de calle en San Telmo. Se los llevaron a todos a la comisaría cuarta y el chico recibió una paliza. Le pegaron tanto que se los mismos policías tuvieron que llevarlo al hospital”, recordó la abogada. Cuando llegó, los médicos se dieron cuenta de que la situación era grave. Le habían roto parte de los intestinos y tuvieron que operarlo de urgencia.

El chico se salvó y los médicos denunciaron los ocurrido. “No estoy segura de cómo terminó la causa contra la policía, lo que sé es que el chico volvió a la calle y ahora está preso en un pabellón de jóvenes adultos en Ezeiza. Y no por tenencia de drogas”, comentó la fuente. Peor suerte tuvo Germán Medina, un chico de 16 años que llegó a la Justicia por tenencia de marihuana y luego de recorrer varios institutos de menores y comunidades terapéuticas, falleció en febrero de 2007, supuestamente ahorcado, en una celda del Instituto Rocca. Una pericia posterior comprobó que Medina había sido violado en ese instituto.

Entre las demandas por daños y perjuicios como la comentada en el primer caso, el de David, hay una muy peculiar. Es la que tiene como protagonista a Walter Marcelo Anderson, que vive en Florida, partido de Vicente López. En enero de 1994, el protagonista de esta historia residía en la ciudad de Pontevedra, España, y envió a Argentina varios regalos para un amigo íntimo, sus hijos y su esposa.

“En esa oportunidad y sin medir las consecuencias que podría producir en este país, incluí sesenta y ocho gramos de hachís. Debo destacar que lo hice como una broma”, comenta Anderson en la demanda. El envío fue detectado por la Dirección General de Aduanas de la Argentina y conllevó un trámite judicial. El acusado se presentó en la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, y allí supo que había un pedido de captura internacional en su contra. Fue detenido de inmediato y estuvo 45 días encerrado, quedando a disposición del juez Baltasar Garzón.

El magistrado español denegó la extradición, aclarando que el delito cometido había sido en España y no en Argentina. Luego decretó la libertad provisional y dos años más tarde fue sobreseído. Del otro lado del océano no se presentaron recursos, ni quejas, Anderson se creyó definitivamente libre. Ocho años después, en 2004, viajó desde España a Foz de Iguazú, en Brasil. Antes de regresar, cruzó la frontera de Argentina para saludar a algunos familiares y en Migraciones le informaron que su pedido de captura se encontraba vigente.

Lo trasladaron a Buenos Aires, por disposición del juez federal Vidal Durán, y quedó preso en el cárcel de Devoto. “A esta grave situación de detención improcedente, se sumaba otra, que resulta también trascendental considerar para poder determinar mis padecimientos, era y soy enfermo de HIV sida”, aclaró en la demanda. Con la enfermedad a cuestas, sufrió el hacinamiento y las peleas hasta que lo trasladaron a un pabellón para enfermos donde debió dormir en el piso, como el resto.

“No se me administraba medicación alguna”, aseguró Anderson, quien agregó que tampoco dejaron que su familia se la enviara. Luego lo derivaron a Marcos Paz, en medio de una fuerte recaída en su salud. “Transcurridos once meses de detención se me realizó un análisis que determinó que la carga viral y CD4 era preocupante, como consecuencia directa de la falta de tratamiento”, aseguró. Salió vivo de milagro, tras estar casi tres años esperando el juicio. El propio fiscal tuvo que pedirle perdón porque no había nada que juzgar.




¿Nuestros legisladores leerán esta nota?

¿Les importará adónde nos estarán tirando cuando le dan más poder a las fuerzas de seguridad?

Uno no puede dejar de pensar en otro delito al que nuestros diputados y senadores no le dan bola y que , justificándose en creencias religiosas, le tiran al Sistema Penal Argentino....La penalización del aborto.


Es espantoso!!




miércoles, 26 de agosto de 2009

Programa "El Cuarto Día", bloque dedicado al Glifosato

Programa "El Cuarto Día" del canal 26, con un bloque dedicado al glifosato, participaron: Dra. Graciela Gómez, Dr. Andrés Carrasco y José Luis Livolti del Movimiento Campesino Liberación.

  1. Primera parte.

    La dirección en youtube del programa.

    Si quieren descargar la primera parte del programa.



  2. Segunda Parte.

    La dirección en youtube de la segunda parte.

    Si quieren descargar la segunda parte del programa Cuarto Día dedicado al Glifosato.



  3. Tercera Parte.

    La Dirección en youtube de la Tercera Parte.

    Si quiere descargar la tercera parte del Programa Cuarto Día dedicado al Glifosato.



  4. Cuarta Parte.

    La Dirección en youtube de la Cuarta Parte.

    Si quiere descargar la cuarta parte del Programa Cuarto Día dedicado al glifosato.



Si quiere descargar las 4 partes del programa:

  1. Vaya a En donde dice Nabb Video coloque las direcciones de youtube en donde se encuentran: Para la primera parte:

    http://www.youtube.com/watch?v=iNj17NsmDLk

    Luego presione con el botón derecho del mouse en donde dice: Flv Enlace de Descarga y colóquele como nombre algo terminado con .flv por ejemplo primeraparte.flv y así siguiendo con los otros bloques del programa, cambiándole el nombre por segundaparte.flv y así sucesivamente.

  2. Segunda parte: http://www.youtube.com/watch?v=MykKJuzDuhU

  3. Tercera Parte: http://www.youtube.com/watch?v=xbN95j35_wo

  4. Cuarta Parte: http://www.youtube.com/watch?v=5U9b6N85cRE

  5. Luego de terminada la descarga puede asistir al video en formato flv con algún programa para visualizar esos archivos, si no tiene ninguno puede descargar el flv player.
  6. Lo pueden pasar a .avi con el siguiente programa Pazera flv 2 avi que transforma el formato flv a avi.

El candidato transgénico, también candidato de todos los peces....

Fuente Diario Clarín 9 de abril de 2000

"Esta es una película sin buenos. Su inicio podría ubicarse hacia 1992 en oficinas de Bruselas, ciudad sede de la Unión Europea, y en otras de Buenos Aires, sede del gobierno argentino. Los escenarios se multiplicarán después por la plataforma marítima. Su punto dramático más alto es el saqueo del Mar Argentino con su principal recurso, la merluza, en agonía por la sistemática violación de los cupos de captura y las prácticas depredatorias en alta mar. Sus actores: empresarios pesqueros de uno y otro lado del Atlántico y funcionarios menemistas del área que ampliaron las compuertas de un añejo descontrol. Su tiempo, por excelencia, el período que va de 1994 a 1999.uenos no hay. Lo que sí hay es un agujero en los cardúmenes generado por un festival de permisos de pesca que movieron cifras millonarias y cuya legalidad se investiga. El circuito de las habilitaciones para pesca implica a jueces, generalmente de Mar del Plata, empresarios y funcionarios de primer nivel, como los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) de la era menemista (Felipe Solá -durante siete años-, Marcelo Regúnaga, Gumersindo Alonso y Ricardo Novo), sus subordinados en el área de Pesca y los funcionarios de menor nivel. La depredación se facilitaba porque además de la inflación de permisos, es decir, de la cantidad de barcos que pescaban, los controles sobre los cupos y las especies que podía pescar cada barco eran de una histórica y sospechosa ineficiencia. Seis denuncias, tres cursadas por las nuevas autoridades de Agricultura, cuyo secretario es Antonio Berhongaray, al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra; otras dos radicadas ante la Justicia marplatense por empresarios que se consideran perjudicados y una de la ONG Cedepesca, también presentada a la Procuración, describen las irregularidades. De ellas se deducen los desmadres de mar adentro y las fabulosas ganancias de tiburones de tierra firme en perjuicio de un recurso renovable que ya no lo será tanto y de un hábitat ecológico ahora desquiciado."

"
Algunos armadores que no ingresaron en el negocio con los europeos y la ONG Cedepesca acusan a Agricultura de no apelar en tiempo y forma. Felipe Solá, que capitaneó la secretaría en la mayor parte de la era menemista, se defiende: "No teníamos un departamento legal propio. Teníamos que enviarlas al del Ministerio de Economía. Cuando llegaban, el plazo estaba vencido. Estas demoras en las apelaciones son un hecho común en la administración pública". Tanto las autoridades menemistas como las actuales del área dicen que el festival de permisos parte de una ingeniería judicial diseñada por los abogados de las empresas pesqueras. En las denuncias que ya se concretaron lo que se busca saber es sí ese mercado de transferencias de licencias es una argucia legal pensada como un crimen perfecto contra el que no se va a poder accionar o, si se puede, comprobar la ilegalidad. Domingo Contessi, apoderado de las pesqueras Leal y Veraz, denunció en una carta a la opinión pública que los obstáculos para obtener permisos "no eran gratuitos. Tenían un precio, pero como nuestras empresas por una cuestión de principios nunca estuvieron de acuerdo con pagarle a nadie que no otorgara recibo, se nos cerraron sistemáticamente las puertas". En las órdenes judiciales los precios de las transferencias podían ser irrisorios, pero según Cedepesca, se pagaba otro bajo cuerda. Versiones que nadie quiere confirmar hablan de un canon que iba de 150 mil a 600 mil dólares según el valor de la pesca a transferir."









La hora de descriminalizar, sobre tenencia de marihuana para consumo en la Argentina


Fuente Página 12.

Los jueces supremos consideraron contraria a la Constitución la penalización de la tenencia de estupefacientes destinada al consumo personal porque implica una intromisión en el ámbito privado y la libertad personal. Los alcances del fallo.

Después de un año de idas y vueltas, discusiones internas, presiones externas, anuncios y más anuncios, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma que criminaliza con penas de prisión la tenencia de drogas para consumo personal, por considerar que implica una intromisión en el ámbito privado y la libertad personal cuando no genera un peligro o un daño para terceros. El fallo advierte que la persecución penal de los usuarios de drogas tampoco ha servido para combatir el narcotráfico, sino que –acotan algunos jueces– lo ha dificultado. El texto esquiva una indicación directa al Congreso para que modifique la ley vigente, pero exhorta “a los poderes públicos” a “asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores”.


Lo que se dijo sobre la despenalización.

Fuente "La Tele que Miramos".



Si quiere saber algo más sobre los efectos de la marihuana y lo que genera su criminalización:


Anibal Fernández hablando sobre despenalización.


"Internet importa a los jóvenes, entienden que es su espacio de lucha"-Entrevista a Amelia Andersdotter, segunda virtual eurodiputada del




Fuente Citilab.




Fuente Citilab.

"Si prospera la nueva directiva para la Protección de la Propiedad Intelectual podría significar el fin de la democracia"

Con un poco de suerte, Amelia Andersdotter podría convertirse el año próximo en la primera "pirata" que ocupara un escaño del Parlamento Europeo. Esta joven estudiante sueca de Económicas, de 21 años, viajó desde la pequeña población universitaria de Lund hasta el Citilab, invitada por la Fundación i2CAT i el Parlamento Virtual Europeo, para hablarnos de un mundo en el que la propiedad no sea un derecho absoluto. Hojea una novela sobre ciberchamanes, Premio UPC de ciencia-ficción, mientras confiesa que en política no resulta nada fácil intentar ver el futuro.



Los Medios Sociales han resultado esenciales para construir una comunidad activa entorno al Partido Pirata. Por qué la gente joven que no confía en la política da su respaldo a un proyecto político?
Pienso que tal vez nos se trate tanto de confiar en la politica como de que la política no discute sobre temas que interesen a los jóvenes o bien no saben presentarlos de manera que conecten con los jóvenes. Pienso que en el Partido Pirata hemos tenido la enorme ventaja de habernos establecido en la blogsfera, en twitter y en los medios sociales online durante mucho tiempo y también la fortuna de haber tenido un montón de gente joven comprometida con el Pertido Pirata. Si a esto le sumamos que hemos estado tratando temas que actualmente preocupan a los jóvenes, pienso que todo ello nos ha proporcionado un éxito gigantesco entre la demografía más joven.

¿Qué temas son los que les interesan, entonces?
Bien, creo que los temas relacionados con internet son muy importantes para la gente joven. Pienso que los jóvenes entienden que de alguna manera internet importa, que se trata de un espacio donde se lucha por la libertad. En los 70 y los 80, cuando los ecologistas despuntaban, fueron los jóvenes los que estuvieron luchando por algun tipo de cambio en la sociedad. Internet es el medio ambiente del siglo XXI. Los jóvenes han sido siempre los primeros en adoptar nuevas ideas y nuevas ideologías y va a ser así también en la sociedad digital. Cuando se trata de buscar algo nuevo o interesante, la gente joven es la primera en estar allí. En las elecciones suecas hemos visto un gran ascenso de los Liberales y, en particular, de los Verdes entre la gente joven, de manera que podemos decir que el medio ambiente es también algo que preocupa a un montón de jóvenes. De una forma un tanto cruda, se puede decir que las mujeres se interesan más por el medio ambiente y los hombres más por los temas tecnológicos, pero eso no es más que una extrapolación.

¿Es el activismo digital el modelo político de las nuevas generaciones?
Si, en mi opinión el activismo en red es la nueva forma de activismo político. Puede convertirse en una manera fantástica de movilizar gente de toda Europa, ya sea para causas unicas o múltiples, puesto que en internet es muy fácil interactuar con amigos de España, Rumanía o Finlandia de una manera que no era posible antes. A medida que la política se vuelve global, el activismo ciudadano tiene que funcionar también de una forma global y, la verdad, no veo otro medio en el que sea posible hacer esto más que en internet.

¿Qué tal la democracia electrónica o propuestas como la del Parlamento Virtual Europeo?
Creo que el activismo digital podría ser interesante para el Parlamento Virtual Europeo. Personalmente no he estado vinculada con ninguno de sus proyectos excepto éste, pero mi experiencia me indica que cuando presentas un espacio para colaborar online, usualmente ayuda tener un tema específico sobre el que hacerlo. Como por ejemplo, el propio Partido Pirata y el activismo que se mueve a su alrededor, movilizado siempre entorno a temas concretos como un paquete de directivas de telecomunicaciones, la directiva Ipred o las disposiciones sobre patentes de software. Todo esto resulta muy concreto, es decir, sólo un tema a la vez, pero de esta forma hemos sido capaces de movilizar cerca de 100.000 ciudadanos de todos los rincones de Europa. Mi evaluación primaria es, pues, que siempre es más fácil movilizar gente entorno a un tema concreto que, por ejemplo, el derecho a la participación democrática porque decir a la gente que "debe participar porque es su derecho democrático" es algo demasiado abstracto. En muchos casos, lo que se necesita es presentar un tema y decir, bueno, podemos hacer esto y lo de más allá.

Lo que realmente está faltando en la Unión Europea y en el proceso de toma de decisiones de su Parlamento es un camino visible, una manera simple de que los ciudadanos puedan visualizar qué se está decidiendo y cuándo. Resulta muy complicado obtener esta información mirando el calendario del Parlamento Europeo o los informes de la Comisión Europea o algo por el estilo. Lo mejor sería, por supuesto, que facilitaran este tipo de información antes de que se tomaran las decisiones de manera que los ciudadanos pudieran participar en aquellas resoluciones que les afectan.

¿Cuál es tu idea sobre la propiedad intelectual
Lo que sucede básicamente con la propiedad intelectual es que vendes una licencia que da derecho a usar una determinada canción, programa, objeto, producción, o lo que sea. Es un derecho inmaterial que no existe, sólo un pedazo de papel que te da derecho a algo. Lo que el Partido Pirata propone es otra regulación de los derechos de copyright, acortando los términos de protección de los actuales 70 años o más en la Unión Europea, a 5 o 10 años de derechos de explotación comercial. Esto quiere decir que si quieres usar una canción con propósitos comerciales, podrás hacerlo por un periodo no superior a 10 años.
¿Cómo conseguirlo? Bien, ya disponemos de mecanismos que están funcionando: si alguien intenta explotar comercialmente una producción sin la autorización debida, tenemos la posibilidad de iniciar un juicio o denunciarlo a la policía.
Me parece que estas vías serán suficientes también en el futuro.

¿Y en el caso de las patentes?
En el tema de las patentes, la posición del Partido Pirata es bien distinta porque queremos eliminarlas completamente. Realmente un montón de gente cuestiona la racionalidad de este sistema ya que, para ser del todo honestos, todos los derechos de propiedad intelectual son increiblemente caros. Lo vemos en la industria de las patentes y muy especialmente en el caso de los materiales patentables. Hoy puedes patentar un número de cosas 10 veces mayor que en 1995. Puedes patentar plantas, semillas, medicinas y no sólo eso: hasta el momento se patentaban procesos para fabricar medicinas de la misma manera que se podían patentar procesos para crear una sustancia concreta, pero ahora se puede patentar incluso la sustancia en sí misma. O sea que puedes patentar una molécula, pero de hecho ¡La molécula ya existe! ¿Qué tal si a alguien se le ocurre patentar el agua? Es abusurdo. No se pueden patentar moléculas o al menos no debería poderse hacer.

Así que tenemos esta industria de patentes tan cara y pienso que la única manera de librarnos de ella y de la manera tan dañina en la que se usan las patentes es desmantelando este sistema. Esto no quiere decir no haya ciertos aspectos del sistema de patentes que valga preservar en una nueva sociedad. Mi favorita, personalmente, es permitir que un productor pequeño pueda protegerse de otro más fuerte. Esto me parece más bien una cuestión de competencia, y me parece que necesitemos establecer una licencia o un derecho de propiedad específicos para preservar la protección de ls pequeños productores. Obviamente esta crítica contra el sistema de patentes podría extenderse a otras formas de derecho sobre la propiedad intelectual, ya que el copyright, tal como lo conocemos, resulta carísimo. Éste un tema que, de meomento, aún no hemos resolvido en el Partido.

¿El caso Pirate Bay puede pone en serio peligro la financiación del Partido Pirata?
El caso del Pirate Bay ha supuesto más donaciones para el Partido Pirata, pero no creo que debamos preocuparnos de que estas donaciones desaparezcan a corto plazo porque este juicio contra Pirate Bay seguirá adelante durante dos o tres años más.
Creo que abriremos la próxima instancia judicial en Octubre que viene. El año próximo tenemos elecciones nacionales parlamentarias y con un poco de suerte necesarias porque dispondremos de otra fuente de ingresos.

¿Piensas que la participación de las mujeres en este partido aumentará en los próximos años?
Sí, claro. Pienso que el Partido Pirata inicialmente estuvo muy dominado por hombres porque el sector tecnológico es así y el problema cuando tienes un sector en el que predomina lo masculino es que resulta muy difícil que las mujeres entren en el. Habitualmente lo que sucede en un partido político o una asociación es que alguien entra en el movimiento y se lo cuenta a sus amigos en plan: "Ohh, mira he descubierto algo nuevo que realmente mola, deberías apuntarte o al menos echarle una ojeada". Lo que pasa es que si empiezas algo con un montón de chicos, lo más probable es que conozcan a un montón de otros chicos, así que cuando invitan a sus amistades a entrar, sólo traen más hombres. Y las mujeres que han ido a parar al Partido Pirata normalmente son del tipo que principlamente también conocen a más hombres. Esto quiere decir que cuando invitan a sus amigos a venir, por cada mujer que viene entran cinco hombres, pero ahora por fin están empezando a participar en el Partido Pirata mujeres que conocen a otras mujeres, de manera que, irónicamente, cuantas más mujeres estén con nosotras, más vendrán. O sea, que es algo que va a cambiar y de hecho tenemos algún proyecto, como la red para mujeres del Partido Pirata que hemos puesto en marcha para establecer que de hecho existe una red social en clave femenina dentro del Partido.
Estoy convencida que esto ayudará a que cada vez más mujeres entren en el movimiento.

¿Algunas de las propuestas del Partido Pirata podrían rozar la ilegalidad?
De hecho, se nos podría declarar ilegales si prospera la directiva para el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual que se espere que llegue al Parlamento Europeo en el próximo periodo. La directiva propuest se denomina Iprod2 o Directiva para la Protección de los Derechos sobre la Propiedad Intelectual 2 y básicamente trata de criminalizar el compartir ficheros incluso con sentencias de cárcel y también propone declarar ilegal abogar por cambios o violaciones de la actual legislación de copyright. Si así fuera, las cosas se podrían complicar mucho para el Partido Pirata a la hora de abogar por un cambio político, lo que no resulta nada positivo porque, obviamente, si esta directiva llegara a prosperar podría significar el fin de la democracia.

¿Cuáles serían sus prioridades si alcanzara el poder algún día?
A nivel de Parlamento Europeo, uno de nuestros primeros objetivos es poner en funcionamiento un paquete de medidas para las telecomunicaciones. En otoño de 2009 se discutirán diversas regulaciones para este mercado, de manera que sólo tenemos seis meses para trabajar en ello. Las votaciones finales en el Parlamento tendrán lugar, de forma preliminar, el 15 de Diciembre. Después de esa fecha resulta difícil decir cuáles serán las prioridades pero he anticipado una discusión acerca de las excepciones y limitaciones de la legislación de copyright, de manera que probablemente iniciaremos el debate en algún momento de este invierno o la primavera próxima. Con un poco de suerte la comisión abordará la directiva Infosoft de 2001 lo que significa que se abrirá una discusión constructiva sobre la dirección en la que se encamina el tema del copyright en la Unión Europea.

Espero también tener la oportunidad de poder mirar el tema de las patentes farmacéuticas porque la comisión ya advirtió sobre los intentos de la industria farmacéutica o los propietarios de patentes farmacéuticas de usar estas patentes como una manera de frenar a la competencia y cuando se dificulta la posibilidad de competencia en un mercado interno generalmente no se toma a la ligera en el Tribunal Europeo de Justicia. Así que espero que ésto les llevará a la conclusión de que los términos de las patentes farmacéuticas deben reducirse o bien que necesitamos un cambio significativo en las regulaciones de estas patentes.

También tengo cierta esperanza en unas pocas iniciativas sobre inversiones en patentes farmacéuticas, pero esto noes tanto un tema político como un asunto para las universidades o las instituciones educativas. Este otoño y la primavera próxima tendrá lugar la Agenda de Estocolmo para combatir el terrorismo y el crimen organizado, en la que el Partido Pirata desea participar. La razón es que somos muy escépticos sobre todos los esfuerzos coordinados para vigilar a los ciudadanos en toda Europa con el propósito de combatir el terrorismo, de manera que queremos entrar en los debates para tratar de que estas discusiones acaben de una forma constructiva y no se queden tan sólo en una mera vigilancia de la población en general. Estos son los asuntos más inmediatos de aquí al próximo año. A partir de aquí, ya no lo sé, no puedo ver tan lejos en el futuro.